El presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Reynaldo Elías Cajamarca Porras, participa en el XIV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial del Perú, evento que se desarrolla en la ciudad de Tacna con la presencia de magistrados y magistradas de las diferentes cortes superiores del país.
La máxima autoridad judicial de Loreto asiste acompañado por una delegación integrada por el juez Superior doctor Aldo Nervo Atarama Lonzoy, el juez Especializado Gino Tello Dantas, el juez de Paz Letrado doctor Hernán Hinojosa Pacheco de la sede Iquitos; así como la servidora Greysi Valeria Gonzales Valdivia, quienes integran la delegación oficial de la Corte loretana en este importante encuentro jurisdiccional.

El Congreso de Jueces tiene como finalidad fortalecer la gestión judicial, promover el intercambio de experiencias y debatir propuestas orientadas a la mejora del servicio de justicia, en el marco de los lineamientos institucionales y los avances tecnológicos implementados en el Poder Judicial.
Durante las jornadas de trabajo, los magistrados participantes abordarán temas vinculados a la modernización de la administración de justicia, la independencia judicial, el enfoque de derechos humanos y la lucha contra la corrupción, entre otros ejes de relevancia nacional.
La participación de la Corte de Loreto reafirma su compromiso con los procesos de mejora continua y fortalecimiento del sistema judicial, contribuyendo activamente al desarrollo de políticas comunes que garanticen una justicia más eficiente, accesible y transparente para la ciudadanía.

Hoy es un momento difícil para el país. El contexto sociopolítico, la creciente violencia asociada a la criminalidad y a la inseguridad ciudadana, la persistente violencia de género contra las mujeres, la falta de reconocimiento de los derechos laborales de nuestros trabajadores judiciales, entre otros. No obstante ello, a despecho de los obstáculos, y a pesar de las incomprensiones, los jueces y juezas del Perú hemos venido a la heroica ciudad de Tacna para reafirmar nuestro compromiso de unidad como parte del Estado en la lucha contra estos flagelos, por la paz, el bienestar y desarrollo con el país y, por supuesto, con la justicia.
Es este el contexto en el que me dirijo a ustedes con sentimientos profundos y encontrados. Por un lado, con la firmeza que nos impone la gravedad del momento; y por otro, con la emoción que me invade al pensar que cada uno de ustedes, día a día, sostienen la justicia en nuestro país.
En las últimas semanas, el Poder Judicial ha sufrido la pérdida de dos jueces de paz cruelmente asesinados, uno en Chicama, en la Libertad y otro en Cañete, en Ica. Esta tragedia no solo es una afrenta contra el derecho a la vida, sino también, una voz de alerta para nuestra sociedad. Es un recordatorio de lo que sucede cuando el respeto por la justicia y por quienes la imparten desaparece. Por eso revisten especial gravedad las constantes amenazas que reciben los jueces, como la registrada en la puerta del Establecimiento Penitenciario Castro Castro en contra de los miembros de la Corte Superior de Lima, o el explosivo con mensajes intimidatorios colocado en la sede de la Corte Superior de Lima Este.
Y, como si esto fuera poco, todos los jueces y juezas estamos asistiendo día a día a escenarios en donde se vierten y viralizan expresiones descalificadoras y altisonantes en contra de la judicatura, incluso por parte de altas autoridades, lo cual no solo mancilla el honor y dignidad de nuestra judicatura, sino que ahonda y profundiza el clima de percepción contraria a la administración de justicia. Esto es algo que NO podemos aceptar ni normalizar.
El respeto a la judicatura en su condición de Poder del Estado debe ser inviolable, porque cuando se agravia su dignidad, se atenta contra la justicia misma y, en última instancia, contra el Estado de Derecho.
En mérito a estos principios, hoy -como lo he hecho en más de una ocasión- debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive, desde el poder político, y siempre -qué casualidad- sin que nos encontremos presentes para rebatirlos. Por supuesto, por respeto a la majestad de la judicatura no las repetiré.
Estas expresiones no solo se ubican fuera de la normatividad Constitucional sino que, además, revelan desconocimiento profundo de la compleja realidad y los desafíos que enfrenta el Poder Judicial. Tales afirmaciones tienen distintos móviles: pueden ser intereses particulares, intereses político partidarios o la ignorancia de problemas históricos, como la permanente insuficiencia presupuestal que, a pesar de constantes reclamos, nunca ha sido atendida en la medida necesaria para garantizar su óptimo funcionamiento. Esta insuficiencia presupuestal ha generado una carga procesal difícil de manejar acorde a los plazos legales establecidos lo que ha llevado a utilizar la herramienta legal de nombramiento de jueces supremos provisionales quienes, por lo demás, son jueces titulares que tienen más de 15 años en el ejercicio de su carrera. Lamentablemente, ignorando el alivio de la carga procesal que el trabajo de estos jueces ha permitido, se manifiestan críticas a esta figura permitida por la ley, pero sin presentar ninguna alternativa realista. Por ejemplo, se dice que la solución es nombrar más jueces titulares, omitiendo el dato central de que el limitado presupuesto del Poder Judicial hace imposible dichos nombramientos.
Sería un gesto mínimo de valor por parte de quienes han incurrido en estos agravios que acudan aquí, a nuestra casa, a decir las cosas de frente. La invitación, desde ya, está hecha. Todos los jueces y juezas del país estarán prestos a precisar con datos concretos en qué consiste realmente el trabajo que realizamos. Porque, ¿saben cuál es la real dimensión de nuestro trabajo? ¿Saben que trabajamos sin parar para resolver miles de causas en las cuales es el propio Estado el que no cumple las normas? ¿Saben que los jueces somos capaces de trabajar voluntariamente 24 horas sin parar para rebajar la carga procesal? ¿Saben que a pesar de las amenazas, los jueces han dictado cadena perpetua y penas de 35 años de pena privativa de libertad contra cabecillas de organizaciones criminales, asesinos, secuestradores y sicarios? ¿Saben que los jueces acercamos la justicia a quien más necesita con políticas de justicia itinerante que nos han hecho merecedores de premios y reconocimientos internacionales, y que por eso podemos caminar sin miedo de la mano con la población andina y nativa, sea en Puno, Ayacucho, Cajamarca o Amazonas? ¿Y, finalmente, saben lo que se hace en cada rincón del país? …Quizás no lo saben o no lo quieren saber.
Como vemos, estimados colegas, la tarea de impartir justicia no solo es difícil, sino, además, conlleva una gran responsabilidad. Por eso, la Constitución reconoce a los jueces y juezas un conjunto de garantías para su adecuado ejercicio, entre las cuales tiene un lugar primordial la independencia.
Pero no hay auténtica independencia cuando –como viene ocurriendo- se interfiere con el cumplimiento de resoluciones judiciales pues ello contraviene el ordenamiento constitucional. No olvidemos que el artículo 139 inciso 2 de la Constitución establece que nadie –autoridad, funcionario o particular– puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos judiciales en trámite.
Por ello, este Congreso Nacional de Jueces que nos convoca tiene una relevancia crucial, no solo por la agenda que abordaremos, sino por la oportunidad que nos brinda para reafirmar valores que hoy están siendo atacados de manera sistemática.
Los cuatro ejes de este encuentro reflejan la complejidad y el reto que implica mantener a nuestro Poder Judicial como un pilar sólido del Estado de Derecho en el Perú: la autonomía e independencia judicial, junto al estatuto del juez, son pilares irrenunciables. Como lo hemos dicho con firmeza en anteriores oportunidades, no podemos ni debemos permitir que ningún interés político, económico o de cualquier otra índole socave la independencia que garantiza el ejercicio imparcial y objetivo de nuestra función. Esta independencia, que no solo es individual sino colectiva, es la que protege que nuestras decisiones se guíen exclusivamente por la Constitución y las leyes, sin presiones externas. En esta línea, no basta con que la judicatura exija respeto a sus decisiones, sino que es igual de importante que nos comprometamos a ejercer y exigir respeto en cada interacción con los justiciables, procurando siempre que la discrepancia se ejerza con civismo y los cauces procesales establecidos.
Ahora bien, para fortalecer nuestra independencia, es indispensable seguir desarrollando un estatuto del juez que garantice la carrera judicial basada en la meritocracia, la estabilidad y la ética profesional. Solo así podemos defendernos de ataques que buscan deslegitimar nuestra función y asegurar que quien imparta justicia lo haga con total autonomía y compromiso.
El segundo eje es la transformación digital y la justicia moderna, una exigencia impostergable para responder eficazmente a una sociedad que demanda accesibilidad, transparencia y rapidez. La tecnología debe ser nuestra aliada para reducir burocracias, evitar dilaciones y acercar la justicia a todas las personas, sin importar su lugar de residencia o condición. La modernización digital significa implementar sistemas que permitan la gestión eficiente de los procesos judiciales, garantizando seguridad y confidencialidad, pero también facilitando la comunicación directa con los justiciables y la ciudadanía.
Tercero, la necesidad de celeridad y descarga procesal es una demanda constante y legítima. La justicia debe ser rápida sin sacrificar la calidad ni el debido proceso. Esto requiere esfuerzos coordinados para eliminar el congestionamiento de expedientes con procesos innovadores y mayor control interno, pero también con el apoyo decidido del Estado para dotar al Poder Judicial de los recursos humanos y materiales suficientes. La justicia tardía es justicia negada; por eso, acelerar los procesos es una prioridad estratégica que nos corresponde asumir con responsabilidad y compromiso.
Finalmente, el último eje de nuestro congreso busca enfatizar en la necesaria renovación y fortalecimiento de vínculos entre la judicatura y la ciudadanía, lo cual pasa por establecer un compromiso a construir relaciones basadas en la confianza mutua y el respeto. La justicia no debe ser percibida como un apéndice distante o inaccesible, sino como un servicio público esencial cercano a las necesidades reales de las personas. La comunicación transparente, la rendición de cuentas y la educación ciudadana sobre la función judicial son herramientas imprescindibles para superar las brechas existentes y fomentar un diálogo constructivo que fortalezca la legitimidad del Poder Judicial. Solo a través de un diálogo abierto y transparente podremos desmontar las crecientes corrientes de opinión adversa, muchas veces alimentadas por la ignorancia, malentendidos, desinformación o intereses ajenos a la justicia.
Estos cuatro ejes están interrelacionados y atraviesan cada aspecto de nuestra función diaria, junto con el respeto que constituye el hilo conductor que los une de manera indivisible. El respeto bajo la dimensión de lo que debemos exigir pero también debemos brindar. Exigir de las autoridades y de la sociedad el pleno reconocimiento a la independencia de nuestras decisiones, así como el acatamiento irrestricto de nuestras resoluciones judiciales. A la vez, brindar respeto a los justiciables, escucharlos y tratarlos con dignidad, asegurando que se ejerza la justicia con humanidad y equidad.
Hoy, cuando la polarización y las voces de intolerancia intentan minar la reputación y el prestigio del Poder Judicial, es necesario abordar entre todos, este llamado urgente, a la unidad, a la fortaleza, a la resiliencia, pero también, a la resistencia teniendo a la Constitución de nuestro lado. Este llamado se torna particularmente relevante en el contexto electoral que se inicia, en el cual es posible que se utilice a la crítica sin fundamento contra el Poder Judicial como instrumento para captar votos.
La amenaza que enfrentamos no es solo externa, sino también interna pues la polarización social se traduce en un ambiente hostil para los jueces.
Pese al escenario difícil que vivimos, estimados colegas, y aunque parece que aramos en el desierto y contra el viento, no estamos solos; somos parte de una institución que tiene la responsabilidad histórica de defender el Estado de Derecho y asegurar que la justicia sea un derecho de todos, no un privilegio de pocos. Así lo hemos hecho en el pasado, así también lo haremos hoy, porque, además, somos la única institución que frente a este vendaval político-social nos mantenemos de pie con una Corte Suprema sólida, con un Consejo Ejecutivo más sólido y unido que nunca liderando los caminos de justicia.
Juezas y jueces del Perú, cada uno de ustedes es un baluarte y, todos en conjunto, somos la columna vertebral de la sociedad democrática que es necesario construir.
Sepan ustedes que cuanto más firmes e independientes seamos y así nos vean, buscarán debilitarnos aún más. Entonces, ahí podremos decir como El Quijote “ladran, Sancho, señal que avanzamos”. Nadie nos para.
En mérito a ello, hoy, 6 de noviembre, en el marco del Congreso Nacional de Jueces, hago la invocación a mantenernos a pie firme con valentía y en defensa de los valores constitucionales, pues solo así podremos superar estos momentos de crisis política en nuestro país y construir un Poder Judicial sólido, respetado y ejemplar.
Señores jueces y señoras juezas, altas autoridades y profesores invitados, consciente de que la construcción de un servicio de justicia sólido, accesible, eficaz y, sobre todo, humano es el propósito que animará los tres días de trabajo que iniciamos en la mañana de hoy, declaro inaugurado el Décimo Cuarto Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial.

Muchas gracias.
Janet Tello Gilardi
Presidenta del Poder Judicial