Por: Gonzalo Marsá Fuentes. Asesor Intercultural.
En los últimos años en Loreto viene produciéndose un fenómeno político y social trascendental que sin embargo pasa de puntillas por los medios de comunicación locales y por el debate público: la aparición de Gobiernos Territoriales Autónomos indígenas.
Las autodenominadas “naciones” Shapra, Wampis, Awajun o kichwa, (entre otras), nacen como respuestas colectivas y organizadas de los pueblos indígenas a amenazas como la irrupción de actores ilegales en la Amazonía peruana (como mineros y narcotraficantes). Se trata, por tanto, de mecanismos de autoprotección territorial y de autogobierno.
Estos proyectos nacionales reflejan la necesidad de los pueblos originarios de proteger su vida, cultura, territorio y ecosistemas ante la inacción del Estado. La defensa ambiental y territorial indígena hoy más que nunca se ha convertido en la defensa de su existencia como pueblos.
A diferencias de otras experiencias de resistencia recientes, como las rondas campesinas o comités de autodefensas, los Gobiernos Territoriales Autónomos ponen el eje en la identidad étnica, la protección ambiental y el autogobierno, lo que les confiere un carácter político y las vincula directamente con la lucha por la autodeterminación.
Además, estas entidades no se circunscriben, como en los años 80, a determinadas comunidades aisladas, sino que aspiran a agrupar a toda una etnia con una sola voz y representar lo indígena como un todo; como pueblo originario.
La experiencia de estos Gobiernos Territoriales constituye una vigorosa expresión de coraje cívico frente a la resignación general. Estas “naciones” son la última trinchera en el frente de la guerra contra el crimen organizado y la ilegalidad justo allí donde el resto de loretanos se han rendido y el Estado ni comparece, ni se lo espera…
Sin embargo, el reconocimiento de estas nuevas formas de representación y autogobierno plantea un enorme desafío al país por varios motivos: Primero, el ordenamiento constitucional vigente en el Perú, es tradicionalmente reacio al pluralismo jurídico, a la asimilación de las normas consuetudinarias indígenas y a su reconocimiento a la par con el derecho estatal. No olvidemos que Perú constitucionalmente se reconoce como pluriétnico y multicultural, pero rehúsa la condición plurinacional.
En segundo lugar, los organismos de autodefensa, aunque eficaces eventualmente, también son vulnerables a ser instrumentalizados por las mafias, pudiendo convertirse potencialmente en cómplices de las economías ilegales. Los antecedentes demuestran que pueden evolucionar hacia estructuras que protejan y amparen actividades extractivas ilegales, especialmente en áreas de minería ilegal donde se genera economía en escala.
Es importante subrayar la necesidad de fortalecer el principio de legalidad y autoridad en áreas rurales de Loreto y con ello garantizar derechos territoriales y ambientales en las comunidades indígenas y campesinas. Tal vez si ese proceso es liderado por el Estado sea posible generar formas más inclusivas de representación y asimilar modelos de autogobierno en beneficio de la seguridad territorial nacional.
