“Voceado ministro se equivoca cuando plantea individualizar propiedad comunal”

• Para el antropólogo Alberto Chirif
• “La clara intención es para favorecer a proyectos extractivos.
• «Con una ignorancia sobre el tema aprendida de De Soto».
• Las comunidades indígenas no conciben la tierra como una mercancía canjeable.

«El voceado Ministro de Economía del gobierno que se instalará el próximo mes de julio, Alfredo Thorne, ha declarado que es necesario parcelar las tierras comunales para que `cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores´». Es lo que dijo textualmente y así lo resalta el reconocido antropólogo Alberto Chirif.
«Como medida práctica propone una suerte de zonificación, no para ver dónde se pueden realizar qué actividad y dónde no (algo que hasta ahora todos los gobiernos se han negado a hacer, incluyendo el de Humala no obstante haberlo prometido), sino para saber dónde están las propiedades comunales, después de lo cual, concluye, `simplemente hay que intercambiar los títulos comunales por títulos individuales´. Todo muy fácil».
Prosigue Chirif, «con una ignorancia sobre el tema aprendida de De Soto, debe suponer que con el dinero que ellos obtengan podrán iniciar negocios prósperos que les den la riqueza que sus tierras comunales le han negado hasta ahora, o adquirir dinero suficiente para disfrutarlo, mientras consiguen un empleo en otra actividad».
Para el antropólogo y estudioso de temas amazónicos, «Thorne no considera el déficit de empleo del país (de acuerdo al INEI el porcentaje de desempleados alcanza el 18.3%) ni la desigualdad con la que se enfrenta un vendedor comunitario con un comprador empresario en el mercado. Hace poco denunciamos que la empresa Cacao del Perú Norte SAC había comprado por 5000 soles, predios de 50 has cada uno».
Agrega: «Pero su ignorancia va mucho más allá, a tono con la de su mentor. En primer lugar ignora que las comunidades, que son los núcleos de asentamiento de pueblos indígenas, no conciben la tierra como una mercancía canjeable por dinero en el mercado, sino como parte de la heredad recibida de sus ancestros y que ellas deben legar a las generaciones venideras. Esa es la razón por la cual la legislación, tanto nacional como internacional, considere que la titulación de sus tierras es un proceso para regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellas y no para darles una propiedad que no tienen».
También «ignora que en las comunidades (según información del Ministerio de Agricultura), se produce el 70% de los alimentos que se consumen en el país, pero que ellas, más que centros colectivos de producción (que nunca lo han sido porque cada persona posee una parte de las tierras) son espacios de desarrollo de ciudadanía (eso que cada vez falta más en el Perú), en los cuales las personas aprenden valores de convivencia, solucionan conflictos internos y desarrollan trabajos colectivos para beneficio de todos: en el caso de las comunidades andinas, la limpieza de reservorios de agua y canales de regadío, y en ellas y en la amazónicas, de mantenimiento y restauración de servicios comunes, como escuela, posta de salud, caminos vecinales, campo deportivo, pista de aterrizaje y otros. Y por supuesto, de celebraciones de festividades, patronales u otras que tocan fibras culturales más internas (inauguración de maloca, floración del pijuayo) que proporcionan a los individuos la calidez de la envoltura social».
Incide y señala que «Thorne ignora asimismo la legislación que garantiza los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, comenzando por la misma Constitución que, no obstante la anemia que muestra para el reconocimiento de sus prerrogativas, señala que la propiedad de las tierras comunales es imprescriptible y le otorga a los tratados internacionales suscritos por el Perú no solo la condición de leyes nacionales (Art. 55º), sino también un valor por encima del de las leyes comunes y de la propia Constitución. Al respecto, establece: `Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. En otras palabras, lo que dice la Constitución y las leyes sobre el derecho de propiedad de las comunidades, debe ser interpretado de conformidad con dicha Declaración y también con la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y con el Convenio 169 de la OIT».
Finalmente, dice: «De las declaraciones de Thorne resulta sorprendente que las medidas propuestas hayan sido diseñadas con la finalidad de allanarle el camino a las empresas mineras, sin tomar en cuenta los intereses de las comunidades. Si las comunidades quieren vender sus tierras, lo pueden hacer. No existe nada actualmente en la legislación que lo prohíba. Pero si no quieren hacerlo, el Estado debe respetar su decisión, sobre todo cuando ya muchas de ellas, a través de sus organizaciones representativas, se han pronunciado en ese sentido.
No se trata entonces de hacer fáciles las cosas para un ‘intercambio de títulos comunales por otros individuales´. Así no se respeta la voluntad de comunidades que persisten no solo en mantener lo que tienen de manera comunal, sino que demandan que se les titulen de esta manera lo que aún el Estado no les ha reconocido.
Me queda la duda sobre si Thorne ignora el compromiso de PPK con las organizaciones. ¿O es que, como dijo un representante del Apra cuando se le enrostró el incumplimiento de promesas electorales hechas por Alan García, que una cosa eran las ofertas de candidato y otras las realidades de presidente?», se preguntó Chirif. (D.López)