- Enrique Fernández Maldonado Mujica, sociólogo de la PUCP
El Global Slavery Index 2016 señala que países como India, China, Pakistán y Bangladesh presentan las cifras más altas de personas en situación de esclavitud moderna y que muchos de estos países proveen mano de obra barata para la producción de bienes en el Este de Europa, Japón, Norteamérica y Australia. En Perú también se tiene conocimiento de situaciones de explotación y trata laboral de menores.
¿En nuestro país cómo se ha venido trabajando a fin de contrarrestar los casos de explotación laboral en las cadenas globales de producción? El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Enrique Fernández Maldonado Mujica, refiere que en principio, el país ha ratificado acuerdos internacionales en los que se compromete a reducir y eliminar la situación de trabajo forzoso que están más vinculados a estas situaciones de explotación. “Hay tratados migracionales que han sido incorporados como estándares en los acuerdos de Libre Comercio que ha firmado el Perú y también en los convenios internacionales de la OIT. En este sentido, el estado peruano está obligado a formular políticas públicas a erradicar estos flagelos en el ámbito laboral. La pregunta que nos hace mucha gente es qué tanto ha hecho el Estado peruano. Hay una Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y del Trabajo Forzoso, pero no existe un informe de resultados de la ejecución de estos planes. Sabemos también que el Ministerio de Trabajo, que es la instancia encargada de implementar estos programas, no cuenta con un presupuesto suficiente que garantice su implementación a nivel nacional con el personal y los recursos necesarios. Sin duda, la situación del Perú con relación al trabajo forzoso está lejos de ser la óptima, hay zonas como la minería informal en Puno y Madre de Dios, donde esta situación está muy extendida y no hay prácticamente mecanismos de fiscalización que puedan revertir situaciones extremas de Trata de Personas”.
¿Cuál es la importancia de fortalecer la legislación laboral en los países que presentan altos índices de casos de explotación laboral, trabajo forzoso y trabajo infantil? ¿Qué señalan los Tratados de Libre Comercio en este sentido? ¿Cómo esto podría afectar el actual clima de atracción de inversiones en países en vías de desarrollo?
Es importante que exista una regulación porque establece las reglas de juego para que las empresas puedan regular las condiciones de trabajo de su personal. Si esta regulación no existe, no hay nada que exigir, por eso la importancia de que esté normada, que se establezca en estándares, mecanismos de control, de seguimiento y sanciones. Los Tratados de Libre Comercio incluyen cláusulas de esta naturaleza que buscan que las condiciones de trabajo no sean un elemento que favorezca la competencia desleal entre empresas de los países. El problema con estos mecanismos es que como no están acompañados de mecanismos vinculantes, es decir, que establezcan sanciones directas en casos de incumplimiento, muchas veces quedan en buenas intenciones y no tiene un buen desenlace las situaciones concretas. Y esa es la gran limitación de los TLC. La legislación no se puede flexibilizar ni reducir para ganar mercados, para generar competencia desleal, no hay problema en el sentido contrario, es decir, los países tienen libertad de economía para mejorar su legislación laboral siempre que apunten a fortalecer o a garantizar el respeto a los derechos laborales.
¿Qué acciones deberían realizar los países como el Perú para evitar que productos que son producidos en condiciones de explotación y violación de los derechos humanos de menores y adultos sean comercializados sin mayor control en nuestro país, como sucede con las conservas provenientes de Tailandia, según se ha conocido recientemente?
Se pueden tomar varias acciones. Una primera es hacer las quejas correspondientes en el marco de los convenios comerciales que se tienen, con Tailandia hay uno. En los casos donde se vea que hay medidas políticas y posiciones que afecten el comercio entre ambos países, que se puedan aplicar las sanciones correspondientes. En el caso que comentas, Tailandia exporta productos a Perú que son elaborados en condiciones de trabajo precarias, con lo cual tú estás reduciendo el estándar laboral y de esa forma generando una competencia desleal con la producción peruana en este caso. Lo que se puede hacer también es generar las condiciones para que la producción no esté tan desguarnecida con relación a la de otros países. Se puede invertir en la promoción y el fortalecimiento de capacidades de la industria nacional para generar una mayor competitividad, no sobre la base en sí de los derechos laborales, sino más bien de mejorar las condiciones de producción de las empresas locales. En principio, lo que se puede hacer dada la reducción de derechos en algún otro país es presentar quejas ante los capítulos de libre comercio y los acuerdos comerciales.
En relación al sistema de Comercio Justo, ¿considera que esta iniciativa debería promoverse en países que presentan altos índices de explotación laboral como una forma de reducirla? ¿Cree usted que en el Perú el fortalecimiento de este sistema tendría un impacto positivo en la reducción de la explotación laboral, el trabajo forzoso y el trabajo infantil? ¿Cómo alentar un consumo responsable de los consumidores?
Yo creo que sí. Las iniciativas de trabajo justo reposan mucho en la capacidad que tienen los ciudadanos en su condición de consumidores de ejercer acciones de presión sobre las industrias y empresas que vulneran derechos laborales. En ese ámbito, son útiles porque ayudan a sensibilizar a los mercados en torno a la capacidad que tienen para autorregular a las empresas. Las empresas que son denunciadas por estas malas prácticas son presionadas para que cumplan con buenas prácticas laborales. Alentar el consumo responsable requiere generar la información sobre los aspectos que se quieren denunciar, sensibilizando a la ciudadanía en torno a la importancia de tener criterios éticos en el consumo para poder generar preferencias hacia aquellos productos y servicios que son hechos respetando los estándares sociales y laborales, y de esta manera, orientar el consumo hacia empresas que respetan los derechos laborales. (MIPR)
