Se abrirá investigación a beneficiarios de créditos agrarios

– Declaró presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Loreto
– Igualmente en entrevista se pudo conocer que reabrirán investigación sobre licitaciones del «tren Iquitos-Yurimaguas» que había sido archivada.
– Dr. Alberto Gallo Zamudio, también habló claro sobre la última investigación iniciada por descuentos a trabajadores del gobierno regional.
Por: Luz Marina Herrera.  
La presente entrevista pudo recoger un extracto del estado en que actualmente se encuentran varias investigaciones importantes en las diferentes fiscalías anticorrupción de Loreto. El Dr. Alberto Gallo Zamudio, respondió a cada interrogante planteada.
Doctor, el año 2012 el fiscal Gustavo Matta Núñez, que luego renunció al cargo, archivó una denuncia sobre el proceso de licitación para el expediente técnico del tren Iquitos-Yurimaguas que primero se entregó a la empresa Dessau y luego a un consorcio español… ¿actualmente ese caso sigue archivado?
-Luego de revisarse todos los casos archivados que implicarían responsabilidad de diversos funcionarios de la región, se ha visto archivos que de acuerdo a nuestra Ley Orgánica y la Constitución, no tienen carácter de cierre definitivo, ni se constituye en cosa juzgada, por lo que son factibles de ser reabiertos cuando se encontrase nuevas pruebas que ameriten esa situación.
El caso del tren fue archivado hace tiempo y luego de haber sido recibido por el ente competente, la fiscalía anticorrupción decidió reabrir el caso toda vez que ha sido mencionado por el Contralor de la República y el Fiscal de la Nación a quienes oportunamente se les dará cuenta y se trabajará con ellos la temática necesaria de la investigación en base a los aspectos técnicos que se hayan podido observar.
¿Otro de los temas que conoce la ciudadanía es respecto al presunto cobro indebido a través de las boletas de algunos trabajadores del gobierno regional de Loreto con fines proselitistas?
-La semana pasada la fiscalía anticorrupción entró a la sede del gobierno regional a investigar el tema de acuerdo al marco legal establecido y desde el punto de vista del derecho laboral. También se observa el aspecto constitucional en cuanto a los aumentos remunerativos de los trabajadores del sector público, pues hay que distinguir entre ellos y los del sector privado.
En el caso de los servidores del Estado, como los del Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, para efectos de incrementos remunerativos dependemos de una autorización específica, concreta del Ministerio de Economía y Finanzas, así como del Banco Central de Reserva porque está supeditado a los presupuestos que tenemos que rendir cuentas en cada ejercicio fiscal.
En ese sentido, no puede una institución del Estado, al parecer unilateralmente, otorgar incrementos de sueldo como derecho de gracia a los servidores mientras que esa decisión no cuente con la autorización del MEF, previa exposición al Congreso de la República y que esté sobre la base de un análisis y estudio previo que se hace al más alto nivel de los responsables que dirigen la entidad.
En el caso comentado, pareciera que el incremento se les ha dado con la finalidad que se les descuente automáticamente, lo cual implicaría que al final a los servidores públicos no se les estaría beneficiando en nada, toda vez que por un lado se les da una suma determinada de dinero y por otro, paralelamente y simultáneamente, se les descuenta la misma suma. Así hayan autorizado el descuento, eso no tiene relevancia, la documentación obtenida del gobierno regional servirá de prueba para demostrar lo que estamos  afirmando en relación a la vulneración del derecho laboral en general y que al parecer estaría afectando al Fisco, al Tesoro Público.
Finalmente, al margen de la investigación seguida por el otorgamiento de créditos agrarios ¿ahora se abrirá una nueva investigación preparatoria a los beneficiarios de esos créditos que en muchos casos ni siquiera han devuelto los miles prestados?
-Luego del estudio y análisis que se ha venido haciendo sobre la entrega a beneficiarios de los créditos agrarios, se ha tomado la decisión de abrir investigación preparatoria contra los que resulten responsables en relación a esos beneficios indebidos toda vez que se ha encontrado créditos en fuertes cantidades que han sido recibidos por personas que no tienen los requisitos, ni la condición de campesinos. Se verá  quiénes realmente se dedican al cultivo agrícola para su consumo o venta de excedentes y quiénes a otros rubros que no tienen que ver con lo agrícola y que bajo esa apariencia, hayan recibido ingentes cantidades de dinero que han afectado al Fisco, al Tesoro Público.