Antes del cierre de nuestra edición todavía seguía la expectativa respecto al juicio oral que se desarrollaba en Lima, sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses para Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada. Fue lo solicitado por el fiscal Halmiton Castro contra estos representantes de las empresas asociadas a Odebrecht en la ejecución de la vía Interoceánica, durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Todos ellos son representantes de las empresas Graña y Montero (G&M), JJ Camet e Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A (ICCGSA), socias de la constructora brasileña Odebrecht en el Proyecto Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Estamos frente a un escenario de administración de justicia que nos pone en vilo desde el punto de vista de la fuga. Para qué tipo de procesado puede resultar más viable, para alguien que no cuente con solvencia económica o para quien teniendo solvencia económica también se rodea de cierto poder.

En ambos tipos de imputados pensamos que sí existe el peligro de fuga. El primero que se puede esconder en un lugar recóndito y el segundo caso que puede tomar una nave aérea privada e intentar salir del país. Es nada más que una muestra que en ambas situaciones se ensayarían formas de huir de la posibilidad de ingresar a la cárcel. Salvo mejor parecer de la autoridad judicial.

Sabemos lo que dijo públicamente que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro advirtió el peligro de fuga de los cinco representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú. Ayer durante la audiencia, el fiscal remarcó que “los imputados pertenecen al empresariado más prominente del Perú” y tienen capacidad económica para eludir a la justicia. Refirió que los cargos contra los representantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos.

En tanto que Richard Concepción Carhuancho, titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria, detalló que primero deberá seguir verificando información relativa a este caso, y que en la sesión de esta madrugada se prevé sustentar sus argumentos y dar lectura a la resolución respectiva.

El fiscal Hamilton Castro, fue hasta cierto punto solemne y retador cuando se dirigió al juez: Señor juez… el día de hoy el Perú será testigo (de) si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el Perú. De eso también se trata esta audiencia, señor, con todo respeto’, manifestó en su primera intervención.

Lo que la Fiscalía busca es que el proceso para estas personas se siga en prisión. El argumento se basa en que la entrega de las coimas a Alejandro Toledo por parte de Odebrecht se hizo bajo el ‘ropaje, bajo el disfraz de riesgos adicionales’ de estas empresas concesionarias con la aprobación de los implicados. De acuerdo a información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht reconoció que pagó sobornos por US$29 millones a funcionarios del Estado peruano.