– Además disposición de coordinar con otras entidades

El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, dijo ayer por la tarde que su institución tiene una agenda propia respecto al tema de la seguridad ciudadana, la cual incluye una serie de medidas urgentes que ya se vienen poniendo en práctica para contribuir a enfrentar con eficacia la criminalidad violenta.

Y es que, independientemente de lo señalado en  la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y a las sugerencias esbozadas en esa sesión por el presidente de la República, el Poder Judicial tiene un conjunto de iniciativas al respecto.

 

Dijo que durante la reunión realizada ayer en Palacio de Gobierno escuchó las sugerencias del presidente de la República sobre el particular, pero éstas  deberán ser analizadas con  los diversos sectores, para así generar una alternativa de consenso, pero que a la vez sea respetuosa de la autonomía de todas las instituciones involucradas..

 

Medidas

San Martín anunció en primer lugar que  una medida que ya se dictó, expresó, es una Circular en la cual se precisan los alcances y criterios que los jueces deben adoptar para decidir si concede o no aquel pedido de beneficio penitenciario que le sea solicitado.

 

También se ha requerido a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que programe visitas a las Cortes que presentan álgidos problemas en materia de seguridad ciudadana, a fin de recoger denuncias sobre supuestas irregularidades en excarcelación indebida de delincuentes que son objeto de denuncia pública.

 

Igualmente, indicó que ha solicitado a la OCMA un informe sobre el avance de las investigaciones que ha desarrollado como parte del  programa especialmente  diseñado para cuidar que los beneficios penitenciarios actualmente vigentes se apliquen razonablemente.

 

Comisión Judicial Especial

Reveló, además, que se ha creado una Comisión Judicial Especial para analizar las medidas y las propuestas legislativas judiciales en materia de seguridad ciudadana.

 

Respecto a este tema, mencionó la posibilidad de incorporar en el Código Penal los postulados normativos que contiene el proyecto elaborado por una Comisión Multisectorial el año 2010, grupo de trabajo que contó con intervención del Poder Judicial. Allí se fija, por ejemplo, un criterio de medición de la pena, y se permite un mayor control, precisión y rigurosidad en su aplicación.

 

También informó que está buscando, mediante ley, determinar en qué supuestos y con mayor rigor sería necesario dictar condenas condicionales o reservas de fallo, porque en este tema hay mucho por trabajar.

 

Asimismo, planteó la vigencia de un proceso inmediato para delitos en los que el esclarecimiento está definido, como ocurre en situaciones de flagrancia, cuando el delincuente confiesa los hechos, o cuando ya  desde el primer momento de la investigación se han obtenido las evidencias materiales más importantes que sirvan para dictar una sentencia condenatoria rápida.

 

En este punto, precisó, es posible trabajar mecanismos de traslado de jueces, asegurando que estos juzgadores estén cerca de comisarías, centros de investigación y de cárceles, y puedan así articular mejor la materialización de  una reacción punitiva inmediata.

 

Políticas jurisprudenciales

En otro momento, el doctor San Martín manifestó que el Poder Judicial realiza constantemente plenos jurisprudenciales para una interpretación adecuada de las normas, y así evitar que hechos lamentables queden impunes o delincuentes  aprovechen determinados mecanismos para salir pronto a las calles.

 

Adelantó que en breve se emitirán dos nuevas Circulares: una para recordar a los jueces que cuando un delincuente está gozando de semilibertad o liberación condicional y delinque, se le debe revocar el beneficio penitenciario concedido anteriormente, y se suma la pena que le falta a la ya impuesta. La otra  tiene más bien que ver con la medición de las penas en los temas de condenas condicionales para hacer de estas una referencia preventiva general.

 

Añadió que propondrá al Congreso hacer más cambios al Código Penal para eliminar aquellas antinomias, contradicciones e incongruencias actualmente existentes, las cuales que son utilizadas por algunos delincuentes para evadir la ley.