Por: José Álvarez Alonso
Cuando Fray Antonio de León Pinelo visitó a principios del siglo XVII el bajo Marañón, en el límite norte de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria (RNPS), quedó tan impresionado por la exuberancia de recursos naturales y la belleza del paisaje que volvió convencido de que ahí se había localizado el Paraíso Terrenal del que habla La Biblia, y así lo publicó en su libro El Paraíso en el Nuevo Mundo (1653).
Dos siglos de saqueo inmisericorde y de desgobierno casi convierten a esta zona de la Amazonía en un infierno. La reserva tocó fondo a fines de los 80 y principios de los 90, cuando los pocos guardaparques mal pagados fueron avasallados por cientos de madereros, cazadores y pescadores ilegales, que casi extirparon al paiche, a la charapa y a otras especies emblemáticas de este su último refugio amazónico. La caoba virtualmente fue extirpada de la reserva, donde quizás estaban las últimas poblaciones de Loreto. Dos biólogos y un guardaparque fueron asesinados por infractores en 1998, y varios más agredidos y amenazados de muerte. Por un tiempo la reserva estuvo prácticamente en manos de los ilegales.
Apenas una generación después, Pacaya Samiria ha recuperado en buena medida la lozanía que ostentaba hace siglos: los paiches, arahuanas, taricayas, charapas y lobos de río han vuelvo a surcar sus aguas, junto con cientos de otras especies amazónicas, para disfrute de propios (las comunidades que aprovechan ciertos recursos) y ajenos (los turistas que la visitan extasiados). Tanto así que esta reserva quedó en segundo lugar (solo superada por Galápagos) en un reciente concurso mundial impulsado por el diario Usa Today para elegir a los mejores lugares del mundo para la vida silvestre. León Pinelo estaría más que satisfecho.
¿Cómo se produjo el milagro? Con la participación de los actores locales, en este caso grupos de manejo de las comunidades indígenas, en la gestión de los recursos. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP – Ministerio del Ambiente) inició hace unos 20 años esta experiencia, hoy replicada en muchos otros lugares, en la enorme Cocha El Dorado de esta reserva. De 1995 al 2015, los paiches se incrementaron de 4 a más de 3.000, de los que el famoso grupo Los Yacutaita aprovecha entre 50 y 100 al año, además de alevinos de arahuana, huevos y crías de tortuga taricaya y otros recursos. También operan un servicio turístico de excelente calidad.
Por citar el ejemplo de la taricaya, especie en peligro de extinción en los años 90: los 40 grupos de manejo de taricaya de la RNPS, que recolectan los huevos de los nidos y los incuban en playas artificiales, liberaron el año pasado 499.668 crías y comercializaron 289.809, a lo que hay que sumar el aprovechamiento de unos 800.000 huevos “no viables”, entre consumidos y vendidos. Toda una economía basada en una sola especie recuperada. La recuperación de la taricaya y de muchas de las especies de peces (lamentablemente todavía no la gamitana) han significado una mejora significativa en la alimentación y en la economía de estas poblaciones, y también de las ciudades: hoy los citadinos de Iquitos, Requena, Contamana, Nauta y Yurimaguas pueden de nuevo degustar huevos de taricaya gracias al esfuerzo de estos comuneros.
Muchos otros recursos acuáticos y forestales pueden ser recuperados y manejados sosteniblemente por comunidades organizadas si recibiesen el apoyo técnico y logístico adecuado. Muchos de ellos tienen mercado local y nacional, y algunos potencial para los mercados globales, si se transformasen y promoviesen adecuadamente, como el aguaje y el ungurahui, por poner dos ejemplos. Sin embargo, salvo en el caso de unas pocas áreas protegidas (como esta reserva y las áreas de conservación regional) no se ha invertido apenas recursos públicos en manejo, y menos en la transformación y comercialización de recursos naturales, y la mayor parte de los recursos destinados al sector agrario han sido dilapidados en créditos agrarios, acuícolas y pesqueros, con irrisorios resultados, como se sabe.
El Estado es con frecuencia calificado como mal gestor de los recursos naturales, y se suele mencionar como alternativa la participación privada a través de las alianzas público-privadas, que han tenido éxito en áreas protegidas como Tambopata. Los diferentes modelos de co-gestión o gobernanza participativa con comunidades rurales han demostrado ser también una excelente alternativa ante la llamada “tragedia de los bienes comunes”, como demostró la investigadora Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía del año 2009. El modelo funciona para la gestión de cualquier recurso de uso abierto, como agua para riego, pastos, recursos pesqueros o bosques.
Esta es sin duda una forma de inclusión social, que no solo considera una distribución más equitativa de los beneficios sino la participación en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos. El modelo no solamente es más legítimo: es eficiente y es rentable, como han demostrado las comunidades amazónicas en la RNPS y otras áreas protegidas.
