1° JUZGADO CIVIL – Sede Central
EXPEDIENTE: 00591-2017-0-1903-JR-CI-01
MATERIA: HABEAS DATA
JUEZ: REATEGUI RIOS JOSE ENRIQUE
ESPECIALISTA: NATALI RIOS ARMAS
DEMANDADO: COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO,
DEMANDANTE: CAMACHO ARAYA, HUGO HUMBERTO
CAMACHO ARAYA, HUGO HUMBERTO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES.- Iquitos, 23 de agosto de 2017.
AUTOS Y VISTOS, puestos los presentes autos en despacho para sentenciar, siendo el estado del presente proceso, y actuando en sujeción del principio de celeridad procesal, dentro del plazo de ley que establece el artículo 53° del Código Procesal Constitucional, se expide la resolución que corresponde. Y CONSIDERANDO:  I. PARTE EXPOSITIVA De la demanda. 1. El 30 de marzo de 20171, Hugo Humberto Camacho Araya (en adelante el demandante) interpone demanda de habeas data a fin que el Colegio de Abogados de Loreto (en adelante la demandada) cumpla con proporcionarle la siguiente información: Constancia de habilitación profesional vigente expedida a nombre de doña Nancy Elizabeth Lachi Aguero, Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Maynas, para ejercer como abogado en el ámbito de la jurisdicción de Loreto (en adelante la información requerida). Adicionalmente, solicita el pago de costos del presente proceso y la publicación de la sentencia en el fascículo de procesos constitucionales del Diario Oficial El Peruano. Del trámite del proceso 2. El demandante fundamenta su pedido en base a lo siguiente: 1.1. El 24 de enero de 2017, solicitó a la demandada la información requerida. 1.2. Sin embargo, vencido el plazo de diez días útiles, y sin obtener respuesta de la demandada quedó expedito su derecho para interponer la presente demanda 3. El 17 de abril de 20172, se admite a trámite y se corre traslado por el plazo de 5 días hábiles a la demandada. 4. El 23 de junio de 20173, se tiene por no contestada la demanda, se declara rebelde a la demandada y se puso los autos a despacho para sentenciar. II. PARTE CONSIDERATIVA. Del habeas data 5. Que, el hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución, según los cuales establecen que “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”; y “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente; 6. Que, sobre el derecho al acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional en reiterada e uniforme jurisprudencia (STC: 4912-2008-PHD/TC, 5624-2009-PHD/TC, 6227-2013-PHD/TC, entre otras,) ha señalado que: “El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución de 1993, y es enunciado como la facultad de “(…) solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. También está reconocido en el artículo 13.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006 fundamento 77”. 7. Que, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional (Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N.º 02579-2003-HD/TC) que el criterio de interpretación extensiva de una disposición que restringe el ejercicio de un derecho constitucional, como el que ahora se discute, se encuentra vedado implícitamente por el principio general que se deriva del inciso 9 del artículo 139° de la Constitución, y está desarrollado por el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil; asimismo, está precisado, de mejor forma aún y de modo categórico, por el artículo 18° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a tenor del cual los límites al derecho de acceso a la información pública “deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental”. Del requisito formal para la procedencia del habeas data 8. Que, para la procedencia del hábeas data, el artículo 62° del Código Procesal Constitucional requiere que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos que se indican en el artículo 61° del Código Procesal Constitucional, y que la parte demandada se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud al tratarse de un derecho reconocido por el artículo 2° inciso 5 de la Constitución.  9. Que, el mencionado requisito ha sido satisfecho con la solicitud presentada por el demandante según se desprende del documento obrante a fojas 04, con constancia de recepción del 24 de enero de 2017. De la cuestión de fondo controversia 10. Que, corresponderá en la presente resolución analizar si la información requerida por el tiene la calidad de publica o no. 11. Que, los Colegios Profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, de acuerdo con el artículo 20° de la Constitución, corresponde, en el presente caso, verificar si se ha configurado la vulneración del derecho a solicitar y recibir información 12. Que, al respecto, la información solicitada es de carácter público, además que no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción para su entrega previstos en la Constitución Política del Estado, La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Procesal Constitucional (como pueden ser seguridad nacional o a la afectación de la intimidad personal, y no están expresamente excluidas por ley), además que la demandada difunde periódicamente, por lo que corresponde declarar fundada la demanda. 13. Que, de conformidad al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos, correspondiendo en este caso ser asumido por la entidad demandada, que es parte vencida en el proceso. 14. Que, por los fundamentos expuestos, con criterio de conciencia y administrando justicia a nombre de la Nación, el Magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en concordancia con los artículos 138° , 139° numeral 3)  y 143° de la Constitución Política del Perú, los artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Decreto Legislativo N° 1342, que promueve la transparencia y el derecho de acceso a la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales y la Resolución Administrativa N° 396-2014-PPJ,  que aprueba el Manual judicial de lenguaje claro y sencillo para los ciudadanos. III. PARTE RESOLUTIVA RESUELVE. 1. Declarar fundada la demanda de hábeas data incoada por Hugo Humberto Camacho Araya al haberse acreditado la afectación a su derecho constitucional al acceso a la información pública. En consecuencia: ORDENO que la demandada Colegio de Abogados de Loreto proceda a entregar al demandante la siguiente información: Constancia de habilitación profesional vigente expedida a nombre de doña Nancy Elizabeth Lachi Aguero, Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Maynas, para ejercer como abogado en el ámbito de la jurisdicción de Loreto. Sin perjuicio de ello, el juzgado, en la etapa de ejecución controlará que se entregue a cabalidad la información solicitada. 2. Mandato que debe ser cumplido en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicarse los apremios establecidos en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional. 3. Con los costos del proceso. Consentida o ejecutoriada que sea la presente Resolución. 4. Cúmplase en su oportunidad y NOTIFIQUESE lo actuado con arreglo a ley. 5. Publíquese en el Diario Oficial El Peruano, en la forma prevista por Ley.
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