- Jakeline Vargas, ex presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas.
E principal obstáculo que tienen los dispositivos institucionales de asistencia a víctimas de Trata de Personas son nuestros Estados, pues tienen que ver con los estereotipos que se han construido en torno a la categoría de «víctimas de trata», así lo refiere Jakeline Vargas Parraex presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata)
A través de Rerporte altenativo de CHS, indica que «Cuando las víctimas que entran en dichos dispositivos no se ajustan a la idea de víctima que tiene el funcionario, se corre el riesgo de que se ponga en duda que la persona atendida sea realmente una “víctima de trata” para asignarle otras categorías que podrían justificar la suspensión de la asistencia. Cuando ocurre este fenómeno, los funcionarios empiezan a percibir a la persona como alguien que está intentando engañar a las autoridades. Este proceso de “desvirtuar el caso” se realiza generalmente para justificar que no se pueda realizar una atención adecuada.
Dichos estereotipos están alimentados por un desconocimiento sobre este fenómeno y puede llevar a que la Trata de Personas no sea reconocida como un problema en el ámbito local. Esto dificulta la obtención de recursos públicos para la lucha contra el delito e impide la intervención adecuada, tanto en asistencia, como en otras áreas.
¿Cómo lograr que los Estados Latinoamericanos trabajen de manera conjunta para determinar parámetros de protección en términos de trata y tráfico de personas? ¿Qué acciones deben tomar?
Una acción fundamental es que los Estados se interesen por tener una comprensión de las dinámicas regionales y modus operandi que tiene la Trata de Personas y el tráfico irregular de migrantes, que puedan entender el rol que juega su país ya sea como país de origen, tránsito o destino y que, en ese sentido, puedan establecer mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral, regional y multilateral.• Para determinar los parámetros de protección es absolutamente necesario que los funcionarios puedan ver en la víctima no solo un caso para judicializar, sino una persona que es sujeto de derecho con múltiples afectaciones y al que tiene la obligación de proteger. Creo que ese cambio de mirada, modificaría también el sistema de protección.• Promover redes colaborativas entre funcionarios que les permita actuar con celeridad frente a la protección de los derechos de las víctimas y que les permita también hacer intercambio de buenas prácticas, acceder a asistencia técnica, cooperación judicial entre otras.
¿Cómo reforzar las capacidades del estado para enfrentar la impunidad y la corrupción que existe en el delito de trata y tráfico de personas?
Considero que la veeduría ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas que le hagamos a nuestros Estados acerca del cumplimiento de sus obligaciones legales para combatir la trata de personas, promueve la transparencia y el fortalecimiento de la capacidad de los Estados. Y creo que en este sentido, los 15 capítulos del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, tenemos toda la capacidad para que, desde nuestro eje de articulación para la incidencia social y política, podamos observar y actuar.
Por otra parte, considero también que para contribuir a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la impunidad y la corrupción que existe en los delitos de trata y tráfico de personas, se requiere cualificación de los funcionarios con competencias en el abordaje de la Trata de Personas con metodologías innovadoras en las que el eje central no sean exclusivamente los conocimientos jurídicos y procedimentales, sino que se interpelen sus actitudes y prácticas.
¿Cómo podemos enfrentar a las nuevas tecnologías (internet, redes sociales) desde el Estado y desde la Sociedad Civil para proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) de la explotación sexual?
Proteger a los NNA de la explotación sexual en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación, requiere que no perdamos de vista que los NNA son nativos digitales y que por tanto se precisa que la internet y las redes sociales sean las principales aliadas, lo cual precisa que se produzcan innovaciones en las estrategias de prevención que se diseñan desde el Estado y la Sociedad Civil.
Un claro desafío que tienen dichas estrategias es que tienen que ser desarrolladas pensando en los ambientes virtuales en los que transcurre la vida de los NNA y convocando a esos mismos NNA a proponer y construir las estrategias de prevención desde las propias experiencias que, muy seguramente, han vivido como cibernautas.
Dichas estrategias deben estar orientadas no solo a los NNA, sino también a los padres y cuidadores para que, en vez de la prohibición del uso de la internet y las redes sociales, se promueva la educación para su uso seguro y para que los NNA puedan comprender cuáles son las conductas que pueden ponerles en riesgo de ser víctimas que afectarían su desarrollo y puedan adoptar conductas de autocuidado. (MIPR)
