En el tema de las investigaciones fiscales en general la frase `elementos probatorios´ es clave para la avaluación de culpabilidad o no por parte de los jueces. Es ya una constante en las audiencias luego de escucharlas atentamente, deducir que los procesos de investigación tienen serios vacíos en la búsqueda de las pruebas de los casos judicializados.
Esto que como ciudadanos vamos comprendiendo cada vez más, que ya lo tenemos más claro, nos resulta preocupante que cómo por falta de pruebas contundentes los casos “se caen” como dice el argot jurídico, es decir vuelven a fojas cero o se archivan.
Esto, además de una pérdida de tiempo y dinero para todos (litigantes y el propio Estado), no tendría por qué suceder, si antes de admitir un proceso a juicio se entiende que ya el expediente cuenta con los suficientes argumentos basados en pruebas concretas y no en suposiciones. Aquí vale un ajuste en el sistema para no hacer más tediosa de lo que ya es la administración de justicia. Si bien hay casos que ameritan por su complejidad de procesos largos, hay otros tantos que podrían pasar con un dinamismo tal desde la etapa de investigación hasta el juzgamiento.
Es decir, si desde la investigación fiscal se acompañan las pruebas idóneas, un juicio no tendría por qué alargarse tanto. Pero hay un detalle que depende de la actitud de quién investiga y de su buena o mala fe, y es la parte de agenciarse de los elementos probatorios del delito que se persigue. Y es visible que las pesquisas tienen en el camino omisiones con el que cualquier procesado puede salir airoso.
Aunque se tiene que tener en cuenta el pedido del personal de las fiscalías, de requerir de mayor presupuesto para las investigaciones, sí señor, porque las investigaciones tienen un costo, la recopilación de pruebas con diversas metodologías de investigación nadie las regala, salvo colaboradores interesados o no, pero las alcanzan. Entonces cómo el Estado pretende que sean determinantes los resultados de las investigaciones fiscales. Pareciera que en nuestro país todo estaría hecho para entorpecer y que la impunidad impere.
Sin embargo, hay casos donde la actitud fiscal no debe pasar desapercibida, hasta mínimo una llamada de atención, como en el caso de lavado de activos, donde está inmersa Keiko Fujimori, donde la fiscal que archivó el caso obvió solicitar la grabación donde supuestamente Joaquín Ramírez (ex secretario general de Fuerza Popular) le confesó a Jesús Vásquez (quien dice grabó) que la lideresa le entregó 15 millones de dólares para fines de lavado.
En el caso de los planillones en el juicio al ex presidente regional Iván Vásquez, también se obvió pedir al Banco de donde, en tal fecha, se sacó los 30 mil soles aproximadamente para pagar por los mismos, según dijo un testigo. No se habría consultado a la entidad financiera porque no se supo ni de corroborar o desmentir la versión. Y así un listado de omisiones que a los ciudadanos nos dejan pensando y sumidos en inevitables suspicacias, y convencidos que todos estos entuertos afectan la gobernabilidad.
Elementos probatorios
