Por: CPC Carlomagno Grández Vásquez

22 DE NOVIEMBRE DEL 2010 POBLADORES DE ISLAY PROTESTAN POR PROYECTO TIA MARIA DE MINERA SOUTHERN PERU, AREQUIPA. FOTO ROLLY REYNA EL COMERCIO

22 DE NOVIEMBRE DEL 2010
POBLADORES DE ISLAY PROTESTAN POR PROYECTO TIA MARIA DE MINERA SOUTHERN PERU, AREQUIPA.
FOTO ROLLY REYNA EL COMERCIO

Las circunstancias por la que está atravesando actualmente nuestro país, realmente parecen sacadas del cuento de Alicia en el país de las maravillas, donde la protagonista tiene un sueño que llega a lugares extraños y conoce a personajes sumamente extraños y  pasa aventuras realmente extrañas porque era solo un sueño; y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, cosas extrañas que parece un sueño del cual queremos despertarnos. Realmente enterarnos de las diferentes noticias que se dan a nivel nacional y regional, nos lleva a pensar y reflexionar hasta qué punto podemos llegar, tanto gobernantes como gobernados; conflictos sociales (educación, salud y otras entidades que reclaman mejoras), conflictos medioambientales (primero Conga y ahora Tía María con secuela de muertes tanto civiles como policiales), corrupción crónica y generalizada (caso ex Fiscal Ramos Heredia recientemente destituido por estar presuntamente ligado a casos como la centralita, Orellana), inseguridad ciudadana, políticos denunciados por presuntos delitos de lavado de activos y tantos otros casos que faltaría espacio para seguir mencionando.
Primero, veamos cómo se encuentran los bienes muebles e inmuebles, así como otros bienes de valor que la corrupción, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y otros delitos adquiere con dinero ilícito. Este trabajo está a cargo de la CONABl (Comisión Nacional de Bienes Incautados), recientemente a Gerald Oropeza le decomisaron tres autos de lujo, viviendas situadas en San Bartolo, La Molina y Lince; sin embargo, en este inmueble la familia Palomino Jiménez afirma haber vivido en ese lugar toda su vida.
Otro caso de decomiso efectuado  por esta entidad, es el de Vladimiro Montesinos, quien a su vez, es también deudor del Estado. El dinero que se recaude en la segunda subasta de joyas de Vladimiro Montesinos no sirve para pagar la reparación civil que le adeuda al Estado, aclaró el Conabi.
Otro caso sonado fue el de Katiuskha del Castillo, conocida como La Jefa: La Conabi incautó sus bienes en Chiclayo que consiste en artefactos electrodomésticos y costosos muebles.
Mientras tanto seguiremos esperando, la incautación de  más bienes, ya que existen casos anteriores que hasta la fecha se desconoce el estado en que se encuentran (López Meneses, Rodolfo Orellana, Belaúnde Lossio), todos estas personas tienen y tenían vínculo con personajes del Estado (funcionarios, jueces, fiscales, congresistas, hasta el mismo presidente de la República), toda una mafia bien organizada.
El otro punto al que queremos referirnos, es a las REPARACIONES CIVILES, o sea personas que con su mala conducta funcional, atentaron contra el erario nacional apoderándose de dinero o bienes; al respecto, la Procuraduría Anticorrupción encargada de ver este caso, informa que recuperó unos tres millones de soles por cobros de reparación civil a condenados por delitos de corrupción en el primer trimestre de 2015 y el último mes de 2014, informó el titular de este organismo, Joel Segura. Dijo, además, que otros montos importantes provienen del caso Gregorio Santos y los acuerdos de reparación por parte de sus colaboradores. Según pudo adelantar, también podría darse la recuperación de condenados por corrupción que ocuparon cargos en el gobierno fujimorista.
Carlos Incháustegui, quien escondió en su domicilio al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, abandonó hace poco el penal Castro Castro luego de cumplir una condena de 22 años por el delito de terrorismo.
Pero no cumplió con todas sus obligaciones como se pensaba. La sentencia también incluía el pago de una reparación civil en favor del Estado por un monto de S/.4 millones  que aún no ha sido honrada.
Según el registro de sentenciados deudores al Estado, colgado en la página web del Ministerio de Justicia, Incháustegui, de 54 años, solo ha pagado hasta el momento S/.300. Los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) adeudan al Estado más de 3.800 millones de soles por concepto de reparación civil.
El procurador antiterrorismo Julio Galindo, explicó que hasta la fecha la cúpula subversiva sentenciada no ha cumplido con esa disposición del Poder Judicial porque considera que no ha causado ningún daño al país, desconociendo las miles de víctimas y las pérdidas económicas de consideración ocasionadas en el pasado.
En SEGURIDAD CIUDADANA también estamos mal, la falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables (autoridades, policía, población, etc.).
Respecto a este tema, Kris Bonner dice: «El interés de la población que hace referencia a la delincuencia que ha aumentado enormemente en los últimos años (….). La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida».
En este contexto, la Ley 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
A pesar de existir una Ley sobre este tema, nuestras autoridades poco o nada hacen al respecto, solo en nuestra región existen denuncias de sobrevaloración de las cámaras de seguridad y, lo que es peor, muchas de estos equipos no funcionan, sin embargo están cancelados en su totalidad, personal de serenazgo impago o el poco interés o desidia que demuestran nuestras autoridades para actuar en el momento que sucede un acto que compromete a la seguridad.
En nuestra ciudad, solamente aquí (sin contar el resto del país), tenemos innumerables casos de inseguridad ciudadana, asaltos, muertes, accidentes de tránsito, disturbios entre  barras de equipos, peleas por cupos de trabajo, etc.  y nuestras autoridades no encuentran la manera de solucionar todo este caos generado por gente desadaptada que pone en zozobra la tranquilidad de la sociedad.  Pero todo este tema, también tiene su ligazón con la corrupción, sólo un caso para ilustrar el tema: El asalto a dos personas realizadas en un negocio llamado El Córner, existiendo pruebas suficientes (video y testigos), la policía logra atrapar a uno de ellos y la Fiscalía lo libera aduciendo que no había pruebas suficientes para acusar a esta persona, la pregunta es ¿Cuánto habrá pagado esta persona para que lo liberen? Y el trabajo de la policía, cómo queda, obviamente que lo desalienta y esto propicia a que actúe mal; mejor a mí págame que yo te capturé arriesgando mi integridad física, en vez de ir a pagar a otra persona (fiscal) que no hizo nada. Naturalmente que la actitud de este fiscal no sólo debe merecer su separación, sino un castigo ejemplar para que no se vuelva a cometer  lo mismo.
Y la Contraloría qué papel desempeña en todo este engranaje de corrupción? Como ente máximo de fiscalización de los recursos y bienes del Estado, así como del accionar de todos los funcionarios y servidores públicos, debería de tener más presencia e identificación con la población, informar qué hacen y qué es lo que pretender hacer con los malos funcionarios y servidores públicos y no ser reactivos, pero cómo pueden lograrlo si la Resolución 458-2008-CG referido a la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, no se cumple hasta ahora (07 años) al 100%, si la Ley 29555 que incorpora progresivamente las plazas de los OCIs de las entidades al presupuesto de la Contraloría, no se cumple al 100%; cómo pretendemos combatir a la corrupción si ningún gobierno lo quiere implementar, cómo un auditor que es pagado su remuneración por la entidad pueda denunciar un acto de corrupción. Tenemos un sinnúmero de normas que nos hablan de control, pero estas no se aplican al 100% o son débiles: si no cómo es que se dio el robo sistemático desde el año 2011 de más de un millón de soles de los programas sociales Juntos y Pensión 65 en Cajamarca ¡precisamente por la ausencia total de control o un sistema de control débil! que deberían de haberlo implementado estas entidades ya sea Banco de la Nación o el Ministerio de Inclusión y Desarrollo.
Debemos pensar, si realmente propugnamos un desarrollo integral para nuestro país y especialmente para nuestra región, que tanto la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, deben ser Políticas de Estado y que involucre a todos los peruanos.
Es el tiempo del miedo. Miedo de la muerte a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir.
Eduardo Galeano extracto de »El miedo global» en: Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés.