En esta especial oportunidad en que conmemoramos el centésimo octavo aniversario de la creación de la muy ilustre Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante la Ley N° 230 promulgada el seis de octubre de mil novecientos seis, considero necesario hacer referencia al contexto histórico que rodea tan importante acontecimiento para poder aprehender en su real dimensión al mismo. Y es que el advenimiento de esta Corte de Justicia forma parte de un complejo entramado de hechos que muchas veces se pasan por alto.
En efecto, en las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX se dio un conjunto de factores económicos, sociales y políticos en el devenir de Loreto que hicieron necesaria la existencia de nuestra Corte. Así, como consecuencia de la demanda del caucho en los mercados internacionales y el surgimiento de puntos calientes en las zonas limítrofes, los gobiernos del Segundo Militarismo (1886-1895) y de la República Aristocrática (1895-1919) volvieron la mirada con interés hacia el Oriente, buscando integrar al mismo. Ha de tenerse presente que a comienzos de 1870 Loreto comprendía territorialmente a lo que es actualmente San Martín, Loreto y Ucayali.
El desarrollo generado por la extracción del caucho produjo el vertiginoso progreso comercial de Iquitos, que de hecho se convirtió en el centro económico del Departamento, en desmedro de la capital Moyobamba. Tal es así que las autoridades políticas mudaron su residencia a Iquitos, en la que según señalaba el prefecto Rivera en 1895 «se concentran las fuerzas de la policía y gendarmería, es la ciudad más populosa, centro de comercio e industrias, fuente de rentas departamentales y lugar de residencia de las principales oficinas». En este punto es de anotar que otro efecto de este auge económico fue el sostenido crecimiento demográfico que tuvo Iquitos, que de una pequeña aldea de 234 habitantes en 1850 hacia 1913 se había transformado en una floreciente ciudad con una población de 12,498 habitantes. Debo acotar que en este registro censal no se incluía a la población indígena ni mestiza.
Este desarrollo también generó intereses en torno a los cuales se movieron y articularon sectores que se manifestaron progresivamente como loretanos/iquiteños en relación al resto del Perú. Empero, la falta de una debida atención a las necesidades de la emergente élite económica loretana por parte del Gobierno en Lima, dio pie para que el dos de mayo de 1896 ocurriera la rebelión federalista, capitaneada por Mariano José Madueño y Ricardo Seminario y Aramburí, que abarcó desde Iquitos a Yurimaguas, movimiento que contó con el activo apoyo de la población y que destapó la confusión en que se movían las diversas instituciones, aunque finalmente fracasó. Este levantamiento ocasionó que Piérola entre otras medidas decida declarar a Iquitos capital de departamento el nueve de noviembre de 1897, satisfaciendo parte de las aspiraciones de la élite regional.
Un hecho poco conocido es que en 1898 se dio un segundo levantamiento, más radical y duradero que el anterior, que tuvo como origen el enfrentamiento entre Rafael Quirós, Comisionado Especial dependiente de los Ministerios de Gobierno y Policía y de Hacienda, y el prefecto Emilio Vizcarra. En efecto, Quirós depone a Vizcarra el 17 de enero de 1898 asumiendo sus funciones, lo que ocasiona que el ex prefecto en mayo de 1898, con apoyo en Iquitos y Moyobamba, encabece una reacción radical y separatista contra el gobierno de Eduardo López de Romaña, proclamándose Jefe Supremo de la Nación Selvática y muriendo en el intento el 27 de febrero de 1900.
Ante estos acontecimientos, los gobiernos civilistas de la República Aristocrática decidieron profundizar su presencia en Iquitos, como demuestra la normativa que se dio, así como la actividad de la Compañía de Vapores, el Muelle, la Factoría del Estado, la Tesorería Fiscal y el establecimiento del Registro de la Propiedad el veinte de octubre de 1902. Del mismo modo, en el Departamento se advirtió mayor presencia militar en las fronteras, se multiplicaron las comisarías de los ríos y se crearon varios pueblos.
Como colofón de todo este marco histórico, el Gobierno de José Simón Pardo y Barreda atendiendo al permanente reclamo de los sucesivos prefectos, de prohombres como Joaquín Capelo, así como de la presión de la élite regional, dispone la creación de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en la fausta fecha de seis de octubre de 1906, satisfaciendo de esta manera una imperiosa necesidad de la pujante Iquitos, poniendo a la vez término a la dependencia de Cajamarca, a la par de dar un paso de gigante en la consideración de la región como espacio político del país.
El reto de hoy para Magistrados y servidores, ciento ocho años después, es hacer que nuestra querida Corte sea un factor que contribuya decisivamente al desarrollo de Loreto y del país, que fortalezca la democracia y el respeto de los derechos humanos; y, que consolide la paz social en justicia.
Discurso por el 108° Aniversario de Creación de la Corte Superior de Justicia de Loreto
