Digesa y Maynas mantienen constancia de inscripción y licencia del “botadero” pese a mandato judicial

  • El entuerto continúa, aquí no pasa nada
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El tiempo pasa y sigue la incertidumbre, aunque cierta calma se transmite desde el Ministerio del Ambiente, Minan, cuando tangencialmente asumen que la alternativa del depósito de la basura está en el proyectado Relleno Sanitario de la Municipalidad de San Juan Bautista que está próxima a construirlo. Calculan unos seis meses mientras se suspendería en la práctica la ejecución de la sentencia que ordena cerrar el botadero del Treinta.
El tema pasa también por un aspecto técnico por el que aboga el Ministerio del Ambiente, puesto que tras la sentencia se asumen una serie de acciones relacionadas a la autorización de operar que tiene el botadero del Treinta y que es responsabilidad de entidades como la municipalidad provincial de Maynas y la Digesa, puesto que ambas expiden documentos de Licencia de Operación y Constancia de Inscripción de Servicios de Residuos Sólidos (otorgado a la empresa MP), respectivamente, y que se mantienen vigentes, por tanto la empresa MP o Brunner, está operando en el marco de la legalidad a razón de los documentos otorgados en las entidades mencionadas.
Mientras ambas instituciones contradictoriamente al mandato judicial y a sus propios objetivos institucionales, sigan “avalando” la operatividad del referido botadero, y mientras no se ejecute la sentencia, todo seguirá igual. Esa es la lectura de todo este problema de la disposición final de la basura.

PROBLEMA GENERADO POR ACOMODOS DEL PASADO?
Le otorgan autorización de funcionamiento a un relleno que de acuerdo al proceso judicial no cumplía con los requisitos, una gestión municipal anterior firma un contrato por los residuos sólidos donde los intereses de la comuna de Maynas quedaron en segundo plano (esto fue cambiado por la actual gestión), la municipalidad de entonces otorga la licencia de funcionamiento y desde el año 2008 el tema del cierre del botadero del 30 era cosa juzgada a nivel judicial, pero la sentencia recién se da este año (más de 6 años después). Aparentes acomodos dan lugar a complicaciones donde la defensa del medio ambiente y la ciudadanía, quedan al margen. Si no, cómo se explican todas estas falencias institucionales. (D.López)