-Convocan a marcha nacional para el 23 de setiembre

– Frente nacional de lucha militar-policial (Frenmilpol) aseguran que gobierno está manipulando conceptos y cifras para engañar al personal en situación de actividad.

Sobre el tema en Loreto se pronunció José Gómez Isla, miembro del frente mencionado, quien indica que el gobierno pretende deslizar la idea que se está inyectando 320 millones a la Caja de Pensiones, dando la impresión que sería un gesto de apoyo cuando en sí está cumpliendo con amortizar la deuda (más de 1000 millones) por aportes que el Estado tiene con esa entidad.

Agrega que el gobierno pretende atribuirles la situación de quiebra a todos los militares y policías, cuando los responsables han sido los diferentes directorios que los gobiernos nombraron a dedo, quienes administraron los fondos con corrupción.

“El Frenmilpol viene convocando a todos los involucrados en el tema a la movilización nacional para el 23 de setiembre con la finalidad de manifestar su reconocimiento a los congresistas por el apoyo solidario a la familia militar y policial, así como para expresar su indignación contra el abuso y la arbitrariedad del gobierno”, señaló Gómez.

Otro de los motivos de la protesta será en rechazo al proyecto de ley de presupuesto para el año 2011, por su contenido arbitrario que busca eliminar derechos adquiridos, inclusive afectando el futuro pensionario de las nuevas generaciones de militares y policías, porque no sólo les ofrecen aumentos nimios que serán absorbidos por el aporte a la caja de Pensiones, sino que los engañan con la promesa de una pensión decorosa, cuando estas serán calculadas sobre el promedio de los 7 últimos percibidos, sufriendo un recorte sustancial que se congelará en el tiempo.

Por eso y muchas otras demandas, el jueves 23 de setiembre un promedio de 60 mil policías y militares en retiro, protagonizarán marchas de protesta en todo el país, junto a las esposas del personal en actividad, como una manera de defender su pensión renovable que ven amenazada por la iniciativa del gobierno de eliminarla, argumentando que ello es necesario para poder elevar los sueldos del personal en actividad.