Por: Fernando Meléndez Zumaeta
Planificador Estratégico del Perú
La Constitución comprende un conjunto de principios y reglas básicas mediante los cuales se organiza el Estado. En este sentido, toda Constitución es una formulación de carácter programático. Por eso, siguiendo a Rousseau, podemos afirmar que la Constitución es la base del “Contrato Social” entre los gobernantes y los gobernados.
Dicho Contrato tiene como objetivo la afirmación del derecho sobre lo político. La Constitución refleja un modelo político en el que están presentes, en diversos grados, los acuerdos, concesiones y los consensos. El peso de cada uno de estos factores tiene una importancia gravitante en la definición del modelo político que encierra un texto constitucional. Lo que define a una Constitución y le da identidad es por tanto, el modelo político que ella prescribe, estructurando y subordinando a ese fin al conjunto de las instituciones del Estado. La Constitución es en última instancia, el marco político de referencia básica en la que se asienta la convivencia pacífica de un pueblo. Además, no existe sociedad civil, si no existe una Constitución que la posibilite y que la desarrolle.
Toda Constitución debe reflejar un proyecto de sociedad a la que se aspira y un modelo de Estado. Las líneas centrales de dicho proyecto son el sistema político, el sistema económico y los derechos ciudadanos. En torno a estos elementos el Estado, los individuos y la sociedad civil asumen las posibilidades y límites de sus derechos. El modelo subyacente a la Constitución y los principios generales que lo sustentan, se convierten en situaciones reales que ponen a prueba la posibilidad de su vigencia misma, según la capacidad, la energía y el compromiso de los actores sociales interesados en la conversión del texto constitucional en una situación que haga efectivos los derechos prescritos. Una Constitución al ser expresión de un modelo político tiene como contenido:
a) Una concepción del ser humano, de los derechos individuales y de los valores y elementos que se priorizan y se protegen jurídicamente en la relación social.
b) Una concepción de la actividad económica, de los principios que la rigen y de los derechos que se reconocen en la asignación de los recursos naturales, la propiedad y la producción, diferenciando entre derechos y roles que corresponden a las personas y al Estado, respectivamente.
c) Una concepción y organización del Estado y su relación con la estructura del poder, el ejercicio de la autoridad y las responsabilidades en cuanto a orden, seguridad, soberanía y protección del territorio.
d) Una concepción del derecho, orientada a la legitimación del orden social que se formaliza a partir de los contenidos de la Constitución, los mismos que serán presentados como expresivos de lo deseable por el conjunto de la sociedad.
La combinación de todos estos elementos es lo que en la Constitución configura su modelo o proyecto político. En suma, los diversos actores (estado e individuos) se ponen de acuerdo acerca de qué necesidades desean que se garanticen en la Constitución. La Constitución es una garantía de satisfacción mínima de necesidades humanas por parte del Estado (derechos individuales, derechos políticos y derechos económicos y sociales).
Para alcanzar los objetivos del proyecto político definido en la Constitución, las autoridades elegidas deben definir un estilo de gestión de los asuntos de interés público que permita satisfacer las necesidades humanas que garantiza el texto constitucional. Ello requiere definir una estrategia y una serie de instrumentos de gobierno, entre los que se cuentan el planeamiento estratégico, el presupuesto público y sus correspondientes programas. En una sociedad democrática deben existir por tanto, instancias que permitan que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos, en la identificación de sus necesidades y en el tipo y forma de bienes y servicios públicos que el Estado debe proporcionarles con dicha finalidad.
La estrategia de desarrollo y el planeamiento estratégico no solamente definen el tipo de necesidades que deben ser satisfechas, sino también la modalidad de gestión pública que permitirá alcanzarlas. Estas necesidades deben ser compatibles con los niveles normativos que contempla el texto constitucional.
Las necesidades humanas se transforman en aspiraciones colectivas que los miembros de una sociedad demandan al Estado. Se presupone que si el nivel presente de satisfacción de una necesidad no concuerda con su nivel normativo, la necesidad tenderá a ser demandada, en cuyo caso el déficit presente tendrá que ser resuelto en términos de su nivel normativo.
En las sociedades democráticas, las funciones del Estado surgen de un pacto social por el cual los ciudadanos le otorgan atribuciones para que gestione los recursos de manera compatible con las aspiraciones colectivas. Estas aspiraciones colectivas son dinámicas y relativas ya que responden a un momento histórico determinado. La labor de los líderes políticos consiste en interpretar esas aspiraciones para convertirlas en razones de interés público y en funciones concretas de gobierno para alcanzarlas.
No existe planeamiento estratégico, si no existe un escenario deseado, definido con objetivos y metas concretas y una estrategia para posicionarse en él. Por tanto, dicho planeamiento está ligado a un pacto social, implícito o explícito, que precisa el escenario deseado, el que a su vez debe corresponder al modelo político establecido en la Constitución.
El planeamiento estratégico permite articular las fuerzas sociales en la perspectiva de convertir las aspiraciones colectivas en realidad. Es una guía para los actores sociales. Planificar no es otra cosa que explicitar ordenadamente las prioridades de la sociedad. Planificar significa en definitiva hacer previsible y transparente al Estado. Un Estado activo y comprometido con el futuro es un Estado que planifica y promueve la realización de las obras que interpretan y satisfacen las aspiraciones de la sociedad. Todo Estado planifica – incluso aquellos que no han establecido expresamente la planificación como un instrumento de gobierno – entendiendo que una eficaz gestión de los asuntos de interés público requiere establecer prioridades, asignar recursos en función de éstas, evaluar resultados y hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía. No debe asociarse por tanto, planeamiento estratégico o planificación con estatismo o intervencionismo sobre la actividad privada. Es más, todas las empresas privadas sustentan sus actividades en el planeamiento estratégico para posicionarse dinámicamente en el mercado y establecer sus proyecciones de futuro.
El sector empresarial, debe involucrarse más en los procesos de planeamiento estratégico; siendo el Estado un ente que promueve e incentiva la iniciativa privada y genera las condiciones para ello; este necesita saber qué piensan y qué requieren los empresarios para emprender, para generar trabajo y puedan tributar más y mejor, y el Estado redistribuya la renta nacional para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo, sobre la base de planes estratégicos concertados.
4.5