La protesta indígena que ha paralizado la producción en el Lote 192 continúa sin una respuesta por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM para el diálogo que reclaman para establecer la consulta previa en función del próximo contrato petrolero que comprometerá a futuro 30 años.
Lo que se puede percibir es un movimiento inusitado de las federaciones y organizaciones indígenas con una agenda por demás recargada, mientras unos participan en reuniones en Lima, otros lo hacen en Iquitos, en tanto los alcaldes distritales de sus jurisdicciones también se reúnen y allá en el Lote 192 un solo grito de varios pueblos llama a la unidad.
Por lo visto en el país estamos en una coyuntura de exigencia de derechos fundamentales sea de mestizos o de indígenas. En ambos casos de grupos humanos pueden presentarse diferencias de pareceres, los mismos que no tendrían que afectar los intereses generales que tienen que cubrir necesidades básicas para el desarrollo.
El asunto sería centrarse en determinados puntos y sobre los mismos tomar acuerdo conjuntos con el objetivo que no se dispersen las exigencias y por lo mismo se debiliten los reclamos o el impacto de la exigencia no tenga la contundencia necesaria como para sentarse a la mesa de negociaciones en aras del cumplimiento de acuerdos que han quedado en el papel.
Así los profesores siguen en su férrea lucha de que los criterios de las evaluaciones se aproximen a la realidad del lugar donde aplican las estrategias pedagógicas, así como que el Estado a través de los gobiernos de turno no les siga mezquinando el total de plazas de nombramientos, dos aspectos básicos acuñados al derecho que les asiste.
Los trabajadores administrativos públicos, los médicos, las obstetras, las enfermeras, los servidores del Poder Judicial, y los de la CGTP en general que agrupa a los sindicatos estatales, basan sus plataformas de reclamos en aspectos fundamentales que el Estado debe atender por prioridad y como fin supremo, dejando de lado proyectos que no pueden ser más importantes que la satisfacción de las necesidades para lograr una vida de calidad de los peruanos.
En esa línea, los derechos fundamentales de todos los habitantes del país sin excepción, en la ciudad, en el campo y en los aislados, tiene que ser el fin supremo como lo señala la Constitución Política del Perú. Y es importante que nos demos cuenta que tenemos la fijación en ese punto de la exigencia y que se torna peligrosa si la insatisfacción colectiva sigue olfateando que la brecha de las desigualdades, no encuentra respuestas coherentes en la normativa y en los presupuestos.
Allá en el Lote
