Serán 90 días, ni uno más ni uno menos. En ese lapso de tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada por el gobernó central a través del Decreto Supremo publicado el sábado reciente en el diario oficial El Peruano, se debe implementar agua segura en las comunidades de los distritos de Parinari, Urarinas y Nauta, de la provincia de Loreto.
Este era uno de los acuerdos del acta de Saramurillo firmado hace aproximadamente seis meses, y que transcurrido ese tiempo no se daba cumplimiento por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM que es el estamento que representó al Estado en el diálogo que se estableció para poner fin a la huelga indígena.
La declaración de emergencia sanitaria sustenta que es «debido a que su población viene consumiendo agua que muestra valores que no cumplen los límites máximos permisibles para el consumo humano… esta situación se convierte en un problema sanitario debido a la ocurrencia de enfermedades de orden hídrico, entre ellas las enfermedades diarreicas agudas… lo que representa un riesgo elevado para la salud y la vida».
La pregunta es qué garantiza que esta vez se vaya a cumplir, porque la norma es genérica, si bien responsabiliza al Ministerio de Salud, al gobierno regional de Loreto, al ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, no da más luces, respecto al monitoreo en el procedimiento.
Más parece una norma por cumplir, que porque realmente se logre lo decretado. Y es que está norma salió debido a la presión y anuncio de tomar acciones de lucha en la mismísima capital de la República. O sea, jalada de los pelos. Hay otros acuerdos esperando su turno hasta la fecha, y nada.
Otro detalle es que en el sustento del Decreto Supremo no se desliza para nada la posibilidad de contaminación por quebradas u otros espejos de agua donde se ha vertido crudo de petróleo, a pesar que se conoce que existen informes que hablan de este daño por derrames ocurridos, y que es parte de los reclamos de las federaciones indígenas de las cinco cuencas.
La declaratoria de emergencia ya entró en vigencia y esperamos enterarnos durante todo el período de 90 días sobre el desarrollo del proceso hasta llegar a su objetivo, y en esto las autoridades, las representaciones indígenas y la sociedad civil en su conjunto debemos estar atentos, para que no se repita lo que ya pasó: No se llega a la meta para cumplir con el objetivo.