Conflictos sociales

El país es una olla de presión. A los 214 conflictos irresueltos durante el régimen aprista, se suman ahora nuevas demandas que han empezado a estallar en tres regiones y que el actual gobierno no puede minimizar.

 

No es casual que los problemas en Cajamarca, Apurímac y Áncash se vinculen con proyectos mineros. Este rubro constituye uno de los motores de la economía y, también, es origen de una serie de protestas, en parte, porque hasta el momento no se han definido políticas claras respecto de la inversión minera y petrolera, su contribución al desarrollo y la desarticulación de prácticas informales.

 

El Ejecutivo tiene que anticiparse a los problemas y reaccionar oportunamente. Reforzar la institucionalidad, impulsar canales válidos de diálogo a través de los procedimientos de la consulta previa, establecer reglas claras en la inversión, promover los estudios de impacto ambiental y crear una agenda básica para solucionar los temas pendientes en un orden de prioridad aceptable y consensuada. Lo contrario sería minimizar las quejas o crear mesas de negociación en las que nadie cree, como se ha visto en el caso del proyecto minero Conga, irónicamente el de mayor inversión en el Perú.

 

Sería una equivocación que el gobierno actual transite por ese camino y repita los errores de sus antecesores que no supieron explicar a las comunidades cuánto podrían beneficiarse con la inversión privada o conciliar sus necesidades y aspiraciones con el desarrollo. El resultado se puede comprobar en las protestas de Apurímac, donde los pobladores exigen el cese de todas las actividades mineras por miedo a que contaminen recursos hídricos.

 

Las regiones no se sienten representadas por el Estado y más bien dudan de él. Sin embargo, la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM todavía no ha hecho mucho por establecer una relación de confianza con la población, sobre todo cuando la violencia se está extendiendo en varias regiones.   El presidente Humala se comprometió a hallar salidas a los requerimientos regionales y hoy las poblaciones le están pasando la factura. El país confía en que sabrá sopesar que ante tantas expectativas acumuladas, la única solución es aplicar una política bien orientada, eficaz y eficiente que derribe las intransigencias con base en compromisos viables y programados.